Celia Martell López de Soria, concejal de Unidas por Galapagar (coalición de Podemos e IU), ha pedido una moratoria en el despliegue de la red 5G en el municipio donde viven el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Aunque desde el partido morado insisten en que los políticos del centroderecha son «terraplanistas y conspiranoicos», en este caso es esa formación política la que muestra sus dudas ante las nuevas tecnologías.
La edil galapagueña ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad, en manos de PSOE y Ciudadanos, «una moratoria» en la «implantación de la tecnología 5G». Quieren que el Consistorio encargue «un estudio científico antes de la implantación de esta red en la localidad». Tras organizar una charla en YouTube titulada «El 5G: Efectos sobre nuestra salud, medioambiente, privacidad y libertad», concluyen que “la falta de una información veraz e independiente hace que se den alas a teorías conspirativas, y más en estos tiempos tan convulsos”.
Para declarar libre de 5G el municipio de Iglesias y Montero, Galapagar en Común-IU se agarra a un escrito del Defensor del Pueblo que, dicen, propone en una resolución del 21 de agosto de 2019 que «se sometan los planes y proyectos en materia de telecomunicaciones a evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental, incluida cualquier acción expansiva de la red de antenas para descartar o confirmar, y en su caso actuar».
Por otra parte, desde este partido sorprendentemente instan públicamente al Gobierno español, donde están sus jefes de filas morados, a «aplicar los principios de precaución y de mantener los niveles de exposición tan bajos como sea posible». En esta línea, piden que se “preste especial atención a las personas electrosensibles, que requieren una consideración específica que no se ha tenido en cuenta ni en el plan 5G ni en los proyectos piloto”.
De la misma forma, asumiendo el argumentario de las teorías de la conspiración, han presentado una moción ante el Pleno local para aprobar esa moratoria y un estudio científico. Dicen que se basan en los planteamientos de la Asociación Ítaca CSA. “Esta moción no se opone a la tecnología, se opone a la implementación de una tecnología no probada ni investigada, que no cuenta con los avales técnicos y científicos adecuados”, apuntan. Dicen que «Bruselas, Ginebra y varios cantones de Suiza, Eslovaquia, varios municipios de Inglaterra, 447 ciudades y pueblos de Italia, entre los que se encuentran Florencia y Turín» ya han solicitado moratorias.
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